La insistencia de la consejería de Cultura en la Junta de Castilla y León en controlar los contenidos cinematográficos con ayudas públicas se ha traducido en incluir un “compromiso” para que los creadores no incluyan “adoctrinamiento ideológico” en sus contenidos. La orden que publicó en octubre la Junta, de coalición PP y Vox y con la extrema derecha al mando de Cultura, aludía a que los autores con financiación autonómica no deberían incluir “adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. Ese compromiso se traduce ahora, como ha adelantado eldiario.es y confirmado EL PAÍS, en que quienes soliciten ayudas para realizar películas —tanto largometrajes como cortometrajes— a la Junta deberán firmar una declaración por la cual se comprometen a no incluir ese “adoctrinamiento” en sus producciones. La Junta sigue sin aclarar con qué criterios se determinará si se incurre o no en esas prácticas vetadas.. Seguir leyendo
La Junta concreta su intención de veto obligando a los creadores a firmar que “no harán ninguna actuación que implique adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo a opciones políticas”
La insistencia de la consejería de Cultura en la Junta de Castilla y León en controlar los contenidos cinematográficos con ayudas públicas se ha traducido en incluir un “compromiso” para que los creadores no incluyan “adoctrinamiento ideológico” en sus contenidos. La orden que publicó en octubre la Junta, de coalición PP y Vox y con la extrema derecha al mando de Cultura, aludía a que los autores con financiación autonómica no deberían incluir “adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. Ese compromiso se traduce ahora, como ha adelantado eldiario.es y confirmado EL PAÍS, en que quienes soliciten ayudas para cortometrajes a la Junta deberán firmar una declaración por la cual se comprometen a no incluir ese “adoctrinamiento” en sus producciones. La Junta sigue sin aclarar con qué criterios se determinará si se incurre o no en esas prácticas vetadas.. La polémica estalló hace unas semanas con la publicación de una orden en la que se advertía de la no financiación a cualquier contenido que mostrase esas características. “El beneficiario deberá desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, por lo que no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”, indicaba la resolución del departamento dirigido por Alberto Díaz Pico (Vox), quien desde el principio de su mandato prometió “combatir la ideologización” y que los españoles serían “los primeros”. También mantuvo que la “progresía” había “ideologizado” la cultura en Castilla y León, territorio del PP desde 1987, en cuya consejería llevaba varios años trabajando antes de liderarla, y la catalogó de “sectaria”. La orden de la Junta, donde no se publicó nada de firmar documentos o compromisos, ya despertó ruido en el sector, con acusaciones de “censura”, y el ministerio de Cultura (Sumar) aseguró que acudiría a la Justicia contra este “intento de censura intolerable”. Lo que se sabe ahora es que los cineastas que aspiren a esa partida económica habrán de firmar una cuartilla titulada “Declaración de compromiso de cumplimiento de la obligación prevista en el punto 10 del apartado cuarto de la orden de 7 de octubre de 2026 […]”. Es el punto que alude a la exigencia de neutralidad ideológica, que era el último de todos los requisitos enumerados por la consejería de Vox. Esta cláusula no se había incluido hasta este año y los proyectos beneficiarios de esta financiación pública, al menos en las recientes ediciones, no se habían caracterizado por ningún componente polémico o ideológico. De hecho, en la convocatoria de 2025, regada con 350.000 euros públicos, Las locas del obelisco, largometraje de Pablo Moreno sobre la fundación de la congregación religiosa de las Trinitarias, fue la que más obtuvo, con 39.765 euros.. La cuestión ha seguido coleando en Castilla y León, pues se supo poco antes del festival de cine de Valladolid Seminci, en su 71 edición. El PP apoyó al consejero de Cultura, apelando a la “calidad” de los proyectos apoyados por la Junta, mientras Díaz Pico tildaba de “ideologizada” a la Seminci, certamen que para él “tiene mucho que mejorar en neutralidad ideológica”. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, cargó contra el Ejecutivo que comanda Alfonso Fernández Mañueco (PP) en lo que catalogó de “censura intolerable” sobre la creación cultural. “Me parece absolutamente inaceptable. Como ministro de Cultura no voy a tolerar que ninguna administración trate de ejercer la censura a través de las convocatorias a la creación de nuestro país, en este caso el cine, con criterios ideológicos o políticos”, afirmó el político de Sumar, asegurando que lo elevarían a los tribunales. La instrucción de la Junta que aludía a ese aspecto ideológico, en cambio, no incluía quiénes serían los encargados de juzgar si los aspirantes incurrían en esos potenciales impedimentos. Pico informó de que serían técnicos de la consejería de Cultura quienes analizarían las opciones en busca de ese posible componente prohibido.. EL PAÍS recogió en octubre la postura crítica de diversas autoridades del sector a escala nacional. Mariela Besuievsky, presidenta de Aecine, entidad que agrupa a las compañías productoras independientes de cine, lamentó la decisión de la Junta: “Castilla y León cuenta con un enorme patrimonio cultural e histórico, una sociedad diversa y un gran potencial para el desarrollo de la industria audiovisual. Preservar la libertad de creación es fundamental para impulsar ese talento y favorecer un cine diverso y plural. Establecer límites al proceso creativo supone restringir la mirada de sus creadores y empobrecer las obras y la cultura de toda una región”. Besuievsky reivindicó “un cine libre, plural y capaz de contar historias desde todas las perspectivas. No nos gustaría que este fuera un patrón que se repita en otras comunidades ni a nivel nacional”. Misma línea expresó Guadalupe Balaguer, al mando de Cima, la asociación de mujeres del audiovisual en España, y participante de la pasada Seminci. “Vamos a seguir insistiendo para que no haya ningún tipo de sesgo ideológico ni que a nivel feminista se aplique ningún tipo de restricción en las ayudas públicas, porque nosotras defendemos un cine plural e inclusivo”. La cineasta reflexionó así sobre el empeño de Vox: “Es ruido político, porque creo que es materialmente imposible lograr que haya una censura en el mundo en el que vivimos. Proclamando que no va a haber criterios ideológicos, lo que en realidad están diciendo es que sí los va a haber”. Un productor agraciado otros años con ese dinero público pedía anonimato porque “te pueden señalar” y no había recibido todos los fondos, de modo que no quería sustos. “Todo es político, así que [esta medida] es una forma de censura, me parece una barbaridad”, apreció.. El movimiento del departamento generó revuelo pero no alteró a la Junta, que defendió a su compañero de Vox pese a las quejas del sector audiovisual. Díaz Pico, pese a reprobar la línea cultural de la conservadora Castilla y León, del PP desde 1987, coordinó los Servicios de Políticas Culturales en la Junta entre 2013 y 2022 y fue técnico de la Dirección General de Deportes entre 2024 y 2026, todo ello en la consejería de Cultura. Pico colocó a dirigir la Fundación Siglo, con 30 millones de financiación y gran peso en la actividad cultural autonómica, a la exasesora de Vox (2020-2024) Rebeca Arroyo, con pasado profesional en el ámbito jurídico-sanitario pero no en este ramo.
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