La 97ª entrega de los Oscar se ha visto envuelta en la controversia relacionada con Karla Sofía Gascón, quien se ha convertido en la primera mujer trans nominada a mejor actriz. Esta situación ha generado debate debido a ciertos tuits ofensivos que publicó en el pasado. Este incidente también ha afectado a Emilia Pérez, la película en la que actúa y que está en competencia por trece premios, tanto así que Netflix optó por excluirla de la campaña promocional. A pesar de que el narcomusical ha sido aclamado por los críticos, la atención de los medios podría afectar desfavorablemente sus ingresos. En este contexto, se plantea una discusión acerca de si las productoras pueden agregar cláusulas contractuales para resguardarse de crisis de reputación y hasta qué nivel es permitido examinar la historial público de sus artistas. Según los especialistas, las cláusulas de salvaguarda son una práctica habitual en el sector audiovisual. Iban Diez, partner at Menta Legal, clarifies that «employees can be required not to express opinions that may harm the reputation of the producer and the product they are involved with during their employment.» Estas limitaciones incluyen no solo el proceso de filmación, sino también la publicidad y el mercadeo de la película. El abogado enfatiza que, para garantizar la libertad de expresión, las demandas deben enfocarse únicamente en la protección de la empresa y su producto. Inés de Casas, asociada sénior de Elzaburu, también menciona que hay cláusulas de confidencialidad que tienen como objetivo evitar la divulgación de información sensible del proyecto. De acuerdo con lo que se menciona, la plataforma tiene la capacidad de «integrar un código de conducta que el artista debe seguir durante el periodo del contrato». Elena Ordúñez, especialista en derecho audiovisual y propiedad intelectual de Ecija, señala que «hace años que se incorporan cláusulas de este tipo en numerosos contratos de las principales empresas de producción y distribución de cine en Estados Unidos, conocidas como majors, así como en las plataformas de streaming.»
La 97ª entrega de los Oscar se ha visto envuelta en la controversia relacionada con Karla Sofía Gascón, quien se ha convertido en la primera mujer trans nominada a mejor actriz. Esta situación ha generado debate debido a ciertos tuits ofensivos que publicó en el pasado. Este incidente también ha afectado a Emilia Pérez, la película en la que actúa y que está en competencia por trece premios, tanto así que Netflix optó por excluirla de la campaña promocional. A pesar de que el narcomusical ha sido aclamado por los críticos, la atención de los medios podría afectar desfavorablemente sus ingresos. En este escenario, se plantea una discusión acerca de la posibilidad de que las instituciones académicas incluyan cláusulas en los contratos para salvaguardarse de crisis de reputación, así como la medida en que pueden indagar en el historial público de las personas involucradas. Según los expertos, las cláusulas cortafuego son una práctica habitual en la industria del audiovisual. Iban Diez, partner at Menta Legal, clarifies that «employees can be required not to express opinions that may harm the reputation of the producer and the product they are involved with during their employment.» Estas limitaciones incluyen no solo el proceso de filmación, sino también la publicidad y el mercadeo de la película. Sin duda, el abogado enfatiza que, para salvaguardar la libertad de expresión, los requerimientos deben centrarse únicamente en proteger a la empresa y su producto.
La 97ª entrega de los Oscar se ha visto envuelta en la controversia relacionada con Karla Sofía Gascón, quien se ha convertido en la primera mujer trans nominada a mejor actriz. Esta situación ha generado debate debido a ciertos tuits ofensivos que publicó en el pasado. Este incidente también ha afectado a Emilia Pérez, la película en la que actúa y que está en competencia por trece premios, tanto así que Netflix optó por excluirla de la campaña promocional. A pesar de que el narcomusical ha sido aclamado por los críticos, la atención de los medios podría afectar desfavorablemente sus ingresos. En este contexto, se plantea una discusión acerca de si las productoras pueden agregar cláusulas contractuales para resguardarse de crisis de reputación y hasta qué nivel es permitido examinar la historial público de sus artistas. Según los especialistas, las cláusulas de salvaguarda son una práctica habitual en el sector audiovisual. Iban Diez, partner at Menta Legal, clarifies that «employees can be required not to express opinions that may harm the reputation of the producer and the product they are involved with during their employment.» Estas limitaciones incluyen no solo el proceso de filmación, sino también la publicidad y el mercadeo de la película. El abogado enfatiza que, para garantizar la libertad de expresión, las demandas deben enfocarse únicamente en la protección de la empresa y su producto. Inés de Casas, asociada sénior de Elzaburu, también menciona que hay cláusulas de confidencialidad que tienen como objetivo evitar la divulgación de información sensible del proyecto. De acuerdo con lo que se menciona, la plataforma tiene la capacidad de «integrar un código de conducta que el artista debe seguir durante el periodo del contrato». Elena Ordúñez, especialista en derecho audiovisual y propiedad intelectual de Ecija, señala que «hace años que se incorporan cláusulas de este tipo en numerosos contratos de las principales empresas de producción y distribución de cine en Estados Unidos, conocidas como majors, así como en las plataformas de streaming.»
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