Al cine le han criticado muchas veces por repetirse demasiado. Pero la última secuela idéntica a sí misma ahora tiene indignado a todo el séptimo arte. No se ha estrenado en salas, sino en la política cultural. O, más bien, precisamente no llegará a estrenarse: por segunda vez consecutiva un adelanto electoral impide el debut de una nueva ley del cine, justo cuando empezaba a vislumbrar la meta. En 2026, igual que en 2023. Tras repetidas promesas del ministerio, entonces como hoy. No ha bastado siquiera con la tramitación “por la vía urgente” de un texto casi igual al que terminó cancelado hace tres años: mismo epílogo, un déjà vu. Así, cuando los futuros gobierno y parlamento tomen posesión, la normativa en vigor tendrá dos décadas. Cuando se aprobó, en 2007, se lanzaban un móvil inteligente bautizado como iPhone y una plataforma online llamada Netflix.. Seguir leyendo
La segunda convocatoria consecutiva de comicios anticipados vuelve a tumbar, igual que en 2023, la prometida reforma del séptimo arte y deja en el aire ajustes de seguridad social para los autónomos
Al cine le han criticado muchas veces por repetirse demasiado. Pero la última secuela idéntica a sí misma ahora tiene indignado a todo el séptimo arte. No se ha estrenado en salas, sino en la política cultural. O, más bien, precisamente no llegará a estrenarse: por segunda vez consecutiva un adelanto electoral impide el debut de una nueva ley del cine, justo cuando empezaba a vislumbrar la meta. En 2026, igual que en 2023. Tras repetidas promesas del ministerio, entonces como hoy. No ha bastado siquiera con la tramitación “por la vía urgente” de un texto casi igual al que terminó cancelado hace tres años: mismo epílogo, un déjà vu. Así, cuando los futuros gobierno y parlamento tomen posesión, la normativa en vigor tendrá dos décadas. Cuando se aprobó, en 2007, se lanzaban un móvil inteligente bautizado como iPhone y una plataforma online llamada Netflix.. Pero el anuncio del presidente, Pedro Sánchez, que hoy lunes ha convocado elecciones para el 29 de noviembre, deja por el camino más medidas culturales: tampoco sale adelante la ley de la oficina de derechos de autor, otra que llegaba rebotada de la anterior legislatura. Ni mucho menos llegarán a caminar el anteproyecto para la regulación del uso de IA generativa en las artes, que acababa de dar su primer paso con la salida a audiencia pública, o un proyecto de ley para retirarle a la tauromaquia la protección como patrimonio nacional. La legislatura se cierra, pues, sin leyes del ámbito cultural.. Demasiado tarde parecen haber llegado también dos medidas del Estatuto del Artista: una cuota hiperreducida para autónomos culturales y una prestación por el cese temporal de actividad para los trabajadores por cuenta propia. Ambas, autorizadas al fin por el Ministerio de Seguridad Social tras largas negociaciones, debían aprobarse en el marco de la ley del cine.. Ley del Cine y la Cultura Audiovisual. Hace apenas unos días por fin había arrancado su ponencia en la Comisión de Cultura del Congreso, cuyo visto bueno se antojaba necesario antes de la votación final en el pleno. A posteriori, llegó tarde: hasta 70 veces se fue ampliando el plazo de presentación de enmiendas del texto, mientras los meses y los años pasaban. La inclusión de las series en el reconocimiento oficial y el acceso a las subvenciones, una mayor protección del patrimonio fílmico y de la producción independiente, la obligación para las grandes plataformas de compartir públicamente sus datos de audiencia y visionados, ratificar que al menos un 35% de las ayudas a la producción iría destinado a filmes dirigidos por mujeres, incentivos a los rodajes y las proyecciones en las lenguas cooficiales eran algunos de los pilares de la normativa. En 2024, cuando el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, volvió a presentar la ley y asumió la responsabilidad de llevarla a buen puerto, reconoció el tiempo perdido: “La brecha entre la acción de la Administración y del sector se ha agrandado”. Ahora, más.. Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos. Era 2022 cuando el anterior ministro de Cultura, el socialista Miquel Iceta, la anunció. Calificó la propiedad intelectual como “un pilar fundamental de las industrias culturales”, recordó que aporta un 3,4% del PIB y aseguró que la normativa debía reforzar y agilizar la actividad administrativa que corresponde al Estado en ese ámbito. El nuevo organismo se encargaría de la supervisión y regulación de las entidades colectivas que gestionan los derechos de autor, como SGAE o Dama, la representación y negociación para el sector a nivel global y especialmente en la UE, y la sensibilización y promoción de los creadores y sus obras. De momento, sin embargo, la oficina solo ha servido para generar debates a favor y en contra ―los críticos la consideran superflua― y conversaciones en el Parlamento. Y eso que todavía no existe. Ni, de momento, va a existir.. Anteproyecto de ley para el uso de la Inteligencia Artificial generativa en el trabajo cultural. El tercer intento del Gobierno en este ámbito no ha durado ni un mes. Primero, Cultura impulsó un real decreto, que retiró ante el rechazo de buena parte del sector. Luego lo intentó Trabajo, por la misma vía, pero el Consejo de Estado opinó que cambios de tal calado afectaban a derechos fundamentales y hacía falta una ley. De ahí al anteproyecto y, ahora, una vez más a la casilla de salida. El texto proponía que la IA generativa se pueda emplear “para la creación de contenidos con relación a la imagen, la voz o los resultados de la actividad contratada a la persona artista, siempre que el uso de dichos contenidos se limite al objeto de dicho contrato y esté circunscrito a la obra”. Se citaban unas pocas excepciones, siempre y cuando los autores estuvieran de acuerdo y fueran recompensados. “Nos encontramos en el vértice de una transformación de época”, arrancaba el texto, de 12 páginas. Ante ello, de momento, los creadores seguirán sin tener la protección que reclamaban.. Proposición de Ley para la derogación de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural. Otra iniciativa que surgió hace unas semanas, aunque viene de mucho más lejos. En febrero de 2025, miles de voluntarios entregaron al Congreso el resultado de meses de trabajo: 664.777 firmas de apoyo a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que planteaba al Parlamento quitarle a la tauromaquia la categoría de patrimonio cultural y, por tanto, la protección a nivel estatal. En concreto, la propuesta consistía en derogar la ley aprobada por el Gobierno del PP en 2013 para blindar los festejos taurinos, y devolver así la competencia sobre ellos a cada comunidad autónoma. El pleno, sin embargo, no quiso ni oír hablar de la ILP: no fue ni tomada en consideración, con la abstención decisiva del PSOE. De ahí que el diputado de Sumar Nahuel González recuperara este septiembre la idea, en forma de proposición de ley. Él mismo, en la red social X, la incluía entre las cuatro leyes que más pena le daba que decayeran: “Detrás hay cientos de miles de firmas que merecen respeto”.. Cuota hiperreducida y prestación por cese de actividad para autónomos del ámbito artístico. Lejos de los focos, representantes del sector cultural negociaban con el Gobierno y los partidos dos medidas, incluidas entre las que preveía un informe sobre el Estatuto del Artista aprobado en el Congreso en 2018. Ambas pretendían abordar la intermitencia del empleo cultural y proteger a los trabajadores por cuenta propia dedicados a ciertas actividades artísticas. Por un lado, una cuota de autónomos hiperreducida: en 2023 se aprobó una mensual de 167 euros, para quien tuviera ingresos netos iguales o inferiores a 3.000 euros anuales. Muchos artistas, sin embargo, se quejaron de que seguía siendo inasumible. Así que la nueva propuesta subía el límite de ganancias netas a 4.000 anuales. Por otro lado, se planteaba una prestación especial por cese de actividad: 600 euros al mes durante dos meses para el autónomo que hubiera cotizado anteriormente y se diera de baja al menos cuatro meses debido a la falta de trabajo. Y, por último, el compromiso de presentar en el plazo de seis meses una propuesta para la delimitación de las actividades de las artes escénicas, audiovisuales y musicales encuadradas en el sector artístico de los autónomos y para una mejor adaptación del sistema de cotización a la seguridad social de los trabajadores autónomos. El Ministerio de Seguridad Social, tras un largo tira y afloja, acababa de dar su visto bueno a las dos medidas.. Reforma del Inaem. En las últimas legislaturas, nunca ha faltado en los programas electorales la necesidad de modernizar el Instituto Nacional de las Artes Escénicas (Inaem), creado hace cuatro décadas y cuyo reglamento ha quedado obsoleto y a menudo incompatible con la actividad artística. Tras varios intentos frustrados, el proyecto de Urtasun ha sido el que más cerca ha estado de culminar, pero una vez más va a caer por falta de tiempo. En 2025 se dio al menos un primer paso al trocear sus competencias con la creación de una dirección general dedicada a la gestión subvenciones para el sector, festivales y otras actividades de fomento del sector, de manera que el organismo ahora se dedica en exclusiva a la producción y exhibición de espectáculos. Pero la propuesta de Urtasun de convertirlo en una entidad pública empresarial ha sido rechazada frontalmente por los sindicatos, lo que deja, una vez más, la reforma atascada.
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