El Ministerio de Cultura ha informado hoy viernes a través de un comunicado de que ha presentado un requerimiento por las dos órdenes publicadas este mes por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León por las que se convocan las subvenciones de producción de largometrajes y cortometrajes para el año 2026. El departamento dirigido por Ernest Urtasun ve «indicios de afectación a la libertad de creación y expresión, así como riesgos de censura y arbitrariedad» en el nuevo requisito introducido este año para las obras audiovisuales que busquen recibir fondos públicos de la Junta: «No podrán destinarse a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas». El propio comunicado de Cultura subraya que el requerimiento supone el primer paso para abrir «la vía de actuación ante los tribunales para impugnar las bases de dichas convocatorias».. Seguir leyendo
El departamento de Urtasun envía un requerimiento a la Junta, tras la modificación impulsada por Vox en las ayudas a las películas para no apoyar filmes «que impliquen apoyo expreso a opiniones políticas concretas»
El departamento de Urtasun envía un requerimiento a la Junta, tras la modificación impulsada por Vox en las ayudas a las películas para no apoyar filmes “que impliquen apoyo expreso a opiniones políticas concretas”
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El Ministerio de Cultura ha informado hoy viernes a través de un comunicado de que ha presentado un requerimiento por las dos órdenes publicadas este mes por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León por las que se convocan las subvenciones de producción de largometrajes y cortometrajes para el año 2026. El departamento dirigido por Ernest Urtasun ve “indicios de afectación a la libertad de creación y expresión, así como riesgos de censura y arbitrariedad” en el nuevo requisito introducido este año para las obras audiovisuales que busquen recibir fondos públicos de la Junta: “No podrán destinarse a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. El propio comunicado de Cultura subraya que el requerimiento supone el primer paso para abrir “la vía de actuación ante los tribunales para impugnar las bases de dichas convocatorias”.
Urtasun ya había calificado de “censura intolerable” la modificación impulsada por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, en cuanto se dio a conocer, el pasado martes. Y el ministro había avisado ese mismo día de que lo consideraba lo suficientemente grave como para acudir a la justicia. Hoy ha pasado de las palabras a la acción.
La Consejería publicó las bases de las ayudas públicas al sector audiovisual el pasado 8 de octubre, pero no fue hasta el martes 20 cuando se supo de los nuevos requisitos. Posteriormente, Díaz Pico explicó que será un comité de funcionarios el encargado de evaluar “la trascendencia ideológica” de los proyectos que soliciten financiación de la comunidad. “Confiamos en la profesionalidad de los funcionarios públicos de esta Administración. ¿O creemos que ellos también están ideologizados? El sentido común es lo que debe marcar lo que es ideologizado o no. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana. El dinero público debe ser para generar una cultura para todos”, aseguró el consejero tras el pleno en las Cortes, el pasado miércoles.
Castilla y León cuenta con ocho productoras cinematográficas afincadas en su territorio, según datos de 2024 del Ministerio de Cultura. El año pasado la Junta otorgó 325.000 euros en ayudas públicas, repartidas entre 10 proyectos de entre los 42 que se presentaron, según la orden firmada el 24 de octubre por el anterior consejero, Gonzalo Santonja. Aunque la cuantía máxima permitida por cada filme era de 60.000 euros, ninguna de las obras seleccionadas la alcanzó: Las locas del obelisco, largometraje de Pablo Moreno sobre la fundación de la congregación religiosa de las Trinitarias, fue la que más obtuvo, con 39.765 euros.
El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, del PP, ofreció ayer jueves el respaldo el socio mayoritario del ejecutivo al aliado con el que gobierna la región: afirmó en una rueda de prensa que la medida impulsada por Vox busca proteger la “libertad y la calidad” de las obras subvencionadas. Por el contrario, el propio presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, citó ayer lo sucedido como ejemplo negativo de lo que puede pasar si Vox llega al poder a nivel nacional, durante su entrevista en el programa La revuelta. Sánchez también mencionó otro choque de estos días entre política y cultura en la misma comunidad: la compañía teatral Proyecto 43-2 denunció ante la Fiscalía Provincial de Valladolid la presunta censura de su obra sobre García Lorca por “motivos ideológicos”, justo cuando se cumplen 90 años del asesinato del poeta.
A la vez, Castilla y León acoge desde hoy, en Valladolid, la 72ª edición del festival de cine Seminci. El consejero de Cultura, Díaz Pico, también criticó al certamen en sus recientes declaraciones: “Tiene mucho que mejorar en neutralidad ideológica”.
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