Las aguas que rodean estos días a Supervivientes All Stars no están agitadas sólo por lo que ocurre ante las cámaras. Fuera de ellas, en los Cayos Cochinos (Honduras), escenario desde hace años del reality de Telecinco, las protestas de una parte de la comunidad garífuna contra la grabación del programa han elevado la tensión hasta provocar una importante presencia policial y militar en la zona.
Una pequeña parte de la comunidad garífuna protesta contra la grabación del reality y reclama la consulta previa que exige una reciente sentencia de la Corte Interamericana. El equipo del programa asegura a EL MUNDO que cuenta con todos los permisos y con «el apoyo de toda la comunidad»
Las aguas que rodean estos días a Supervivientes All Stars no están agitadas sólo por lo que ocurre ante las cámaras. Fuera de ellas, en los Cayos Cochinos (Honduras), escenario desde hace años del reality de Telecinco, las protestas de una parte de la comunidad garífuna contra la grabación del programa han elevado la tensión hasta provocar una importante presencia policial y militar en la zona.. Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y una de las principales voces del movimiento garífuna, ha denunciado en las últimas horas en X lo que califica de «represión contra nuestro pueblo», que, según sostiene, permanece en un «plantón pacífico» para protestar por la realización de Supervivientes «sin consulta previa y en plena época de desove de las tortugas».. La versión que maneja el equipo de Supervivientes All Stars, con el que ha podido hablar EL MUNDO, es diferente en varios puntos fundamentales. Fuentes del programa aseguran a este periódico que la presencia de policías y militares en los Cayos Cochinos no ha sido solicitada por la producción del reality y que es anterior a la llegada del equipo para poner en marcha esta edición. Según explican, el despliegue se produjo a petición de la Fundación Cayos Cochinos, responsable de la gestión del espacio protegido, con el objetivo de garantizar la seguridad de la zona, que aprovechan la presencia del programa para incrementar las protestas y tener más visibilidad.. Supervivientes no tiene nada que ver con la presencia policial, trasladan estas fuentes, que insisten en que la principal preocupación de la producción es que la situación no suponga riesgo alguno ni para los trabajadores del programa, ni para la Fundación, ni para los miembros de las comunidades garífunas, ni para los agentes desplegados.. Las protestas no son nuevas. Ya durante las grabaciones de 2025 varias comunidades se movilizaron contra la presencia de los realities europeos en el archipiélago y denunciaron tanto la falta de consulta previa como el posible impacto sobre la tortuga carey y sobre actividades tradicionales como la pesca artesanal. Fuentes de Supervivientes señalan que las actuales movilizaciones se han intensificado coincidiendo con la llegada del programa, aunque consideran que su seguimiento es menor que el registrado el pasado año.. La tensión sí ha obligado a extremar la prudencia. En la entrega de Supervivientes All Stars: En tierra de nadie emitida este martes no se celebró finalmente el juego exterior previsto. Según ha podido saber EL MUNDO, la decisión tuvo dos razones: el valioso contenido que se estaba generando dentro de la Palapa -especialmente con María Jesús Ruiz- y la voluntad de no contribuir a elevar la tensión existente en el exterior.. No ocurrió lo mismo con La Palapita, una de las novedades preparadas para esta edición y cuyo estreno estaba anunciado para el programa del martes. Su suspensión, precisan las mismas fuentes, obedeció exclusivamente a una decisión editorial y no estuvo relacionada con las protestas. De hecho, Mediaset Infinity había anunciado antes de la emisión que el nuevo espacio se inauguraría durante esa entrega.. Supervivientes va a seguir ofreciendo el mismo reality. Los juegos se harán al 100%, pero sólo se harán los que sean seguros. Supervivientes tiene claro que lo más importante es la seguridad.. El equipo de Supervivientes All Stars asegura -y EL MUNDO lo pudo comprobar en un viaje al lugar hace dos años- que dispone de todos los permisos exigidos tanto por las autoridades hondureñas como por la Fundación que gestiona los Cayos y sostiene que la producción mantiene desde hace años una relación estrecha con las comunidades locales. Según estas fuentes, incluso personas que actualmente participan en las protestas han colaborado o mantenido anteriormente relación con el programa y apoyan «totalmente» la presencia del programa, que sigue unas exigentes normas medioambiantales para poder estar allí. No es solo la aportación a la economía de la comunidad son los acuerdos a los que el programa y la comunidad, junto a la Fudación, llegan para proteger completamente los Cayos. Un lugar, además, que al año visitan miles de turistas.. La presencia del reality tiene además una dimensión económica nada menor para la zona. Documentación de la propia Fundación Cayos Cochinos sobre la gestión del espacio protegido recoge que las productoras de realities han destinado partidas de compensación social gestionadas por organizaciones comunitarias y que las grabaciones han generado históricamente entre 50 y 70 empleos directos —lancheros, asistentes de filmación, técnicos, propietarios de embarcaciones o divemasters, entre otros— y entre 100 y 200 empleos indirectos, incluidos proveedores y establecimientos de La Ceiba. Los ingresos derivados de estas producciones han contribuido también a sufragar costes operativos, personal, instalaciones y embarcaciones de la Fundación.. Ese es el difícil equilibrio que vuelve a quedar al descubierto estos días en el paraíso televisivo de Supervivientes: un programa que durante años ha generado actividad económica y empleo alrededor de los Cayos Cochinos y, al mismo tiempo, un pueblo que reclama participar en las decisiones que afectan a un territorio del que dependen.. Mientras OFRANEH denuncia represión y exige que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana, desde Supervivientes insisten en que cuentan con las autorizaciones necesarias, niegan cualquier responsabilidad en el despliegue policial y aseguran que su prioridad ahora es una sola: evitar que la tensión vaya a más y que nadie, esté al lado de la producción o frente a ella, corra ningún riesgo.. El conflicto va mucho más allá de un programa de televisión. Los garífunas son un pueblo afroindígena nacido de la mezcla de poblaciones africanas y caribeñas que, tras ser expulsado de la isla de San Vicente en el siglo XVIII, se asentó en la costa atlántica centroamericana. Actualmente existen comunidades principalmente en Honduras, Guatemala, Nicaragua y Belice. Su lengua, música y danza fueron inscritas por la UNESCO en 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La pesca, precisamente, forma parte esencial de su cultura y de su forma tradicional de subsistencia.. Y ahí está una de las claves de una disputa que acaba de adquirir una dimensión jurídica todavía mayor. El pasado marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública una sentencia que declaró a Honduras responsable de vulnerar, entre otros, los derechos de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos a la propiedad colectiva, la participación, el acceso a la información y la identidad cultural.. La resolución resulta especialmente relevante para la polémica actual: la Corte concluyó que Honduras no había garantizado la consulta previa, libre e informada respecto a diferentes decisiones que afectaban a su territorio y menciona expresamente entre ellas la autorización de «actividades televisivas». Además, ordenó garantizar la participación de la comunidad en la gestión y en las decisiones relacionadas con la conservación y el aprovechamiento sostenible del área protegida.. Es precisamente esa consulta la que OFRANEH reclama ahora para la grabación de los realities. A ello suma una segunda reivindicación: el impacto que, a su juicio, pueden tener las producciones durante la temporada reproductiva de las tortugas marinas, especialmente la tortuga carey, especie en peligro crítico. Son argumentos que la organización ya esgrimió durante las protestas del pasado año.
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